España en la Sociedad de la Información
Introducción
En este artículo pretendemos hacer un recorrido por las distintas acciones, emprendidas y en proyecto, en el entorno de la Sociedad de la Información en España. Acciones que se han venido a denominar "Políticas de Información": desde el pionero Plan IDOC de los años 80, pasando por el actual programa España.es y acabando en las propuestas del recientemente elegido Gobierno socialista. Nos centraremos sobretodo en en plan España.es y las reacciones que ha suscitado desde los diversos sectores de la sociedad.
¿Que es la "Sociedad de la Información"?
Parece obligado antes de empezar hablando de Políticas de Información definir que entendemos por Sociedad de la Información.
En la actualidad, la expresión Sociedad de la Información (SI) se ha popularizado enormemente y la encontramos frecuentemente en los diversos medios de comunicación. Su origen se remonta a los años sesenta, cuando se comenzó a percibir que la Sociedad Industrial empezaba a evolucionar hacia un tipo de Sociedad distinta, en la que el control y la optimización de los procesos industriales empezaban a ser sustituidos, en cuanto a clave económica, por el control y manejo de la información.
"Sociedad de la Información es un estadio de desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas y Administración Pública) para obtener y compartir cualquier información, instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera". Definición recogida del Informe sobre la Sociedad de la Información de Telefónica. 1
¿Que son "Políticas de Información"?
Al igual que la expresión Sociedad de la Información, hablar de Políticas de Información está "de moda" a nivel mundial. Las políticas de información son una consecuencia de la Sociedad de la Información y surgen ante la necesidad de regular este nuevo modelo de sociedad.
A continuación recogemos una serie de definiciones que sobre el término han hecho distintos autores:
Para Michael W. Hill: "las políticas de información se diseñan para encontrar las necesidades y regular las actividades de los individuos, la industria y el comercio, de todos los tipos de instituciones y organizaciones y de gobiernos nacionales, locales, o supranacionales. Deben regular la capacidad y la libertad de adquirir, poseer y guardar la propia información, usarla y transmitirla". 2
Marta Dosa dice que "una política de información es un plan para el desarrollo de servicios y recursos de información y de su utilización más eficaz". 3
Los profesores Ros y López Yepes las definen como "el conjunto de medidas o decisiones que ejercen los poderes públicos en sus diferentes niveles -internacional, nacional, autonómico y local- al objeto de ordenar y hacer eficaces, sobre las bases de la coordinación y la cooperación, las instituciones documentarias". 4
Y para concluir, la definición que del término hace A. Cornellá: "podrían encuadrarse en tres grandes áreas: a) la legislación informacional, b) las acciones de promoción y estimulación del uso de la información por parte de los agentes públicos y c) la mejora de la gestión de recursos de la información en las Administraciones Públicas". 5
Antecedentes en la Unión Europea
En 1993 Clinton y su vicepresidente Gore promueven el informe Tecnología para el crecimiento económico de América en el que se diseña un plan de creación de grandes canales para la transmisión de información, en el convencimiento de la importancia de la información como dinamizador económico.
La réplica europea al Plan Gore viene con el Libro Blanco de Delors "Crecimiento, competitividad y empleo en Europa: retos y pistas para entrar en el siglo XXI" 6 que, junto al Informe Bagemann "Europa y la Sociedad Global de la Información" 7, encargado por el Consejo Europeo, y el Plan de acción de la Comisión de las Comunidades Europeas "Europa en marcha hacia la sociedad de la información", constituyen los referentes que van a definir las políticas europeas tendentes a generar actividad económica en torno a las nuevas tecnologías y servicios de información en Europa.
En estas nuevas políticas están presentes los conceptos de autopistas de la información, sociedad de la información, etc., que ponen en práctica los planteamientos teóricos elaborados en los años setenta y ochenta por autores como McLuhan, Tofler, Martin, Masuda, Minc, etc., precursores de la aldea global y de la sociedad de la información.
A partir de este punto los distintos países de la UE llevan a cabo abundantes programas, con mayor o menor éxito, encaminados a la difusión de la información, al diseño de sistemas de información y al desarrollo de la sociedad de la información.
Políticas de Información en España
Orígenes
Si por algo se han caracterizado las iniciativas españolas en el pasado es por la falta de globalidad. Se han llevado a cabo acciones sin un plan previo general, y actuaciones sectoriales independientes, sin coordinación entre sí.
Para encontrar los orígenes a las primeras Políticas de Información en España nos tendríamos que remontar a la preocupante situación vivida a comienzos de la década de los 80. El sector de la información en nuestro país estaba considerablemente atrasado respecto al resto de los países desarrollados, lo que suponía el peligro de no subirse al "tren" de la Sociedad de la Información.
En 1982, el Gobierno español incluye en su organigrama la primera Subdirección General de Documentación e Información Científica, en el seno de la Secretaría de Estado de Universidades, que dependía del Ministerio de Educación y Ciencia. Es la primera vez que se trata a la política de información como un elemento más de la política científica española y provocará que ambas caminen de la mano durante dos décadas en España.
El Plan IDOC
En 1983 nace el Plan Nacional sobre Información
y Documentación de mano de la citada
Subdirección General de Documentación e
Información Científica. 8
Entre los objetivos de este plan estaban el
diagnosticar el estado de la información en
España, sensibilizar a los poderes
públicos sobre el valor político,
económico y cultural de la Información y
la Documentación, y conducirles a establecer una
política de información coordinada por la
Administración española.
Las respuestas al plan se quedaron en iniciativas aisladas, no surgió del plan una política de información nacional, ni tan siquiera se configuró un Plan Nacional de Información con dotación presupuestaria, se echó en falta un marco jurídico adecuado para una actuación eficaz desde el sector público. A pesar de todo esto, se puede considerar al Plan IDOC como el precursor de las Políticas de Información a nivel nacional.
Ley de la Ciencia
La ley 13/86 de 14 de abril 9, de Fomento y
Coordinación de la Investigación
Científica y Técnica, más conocida
como la Ley de la Ciencia fue un intento de
coordinación de la política
científica española.
Esta iniciativa se llevó a cabo entre 1988 y
1991 y entre los objetivos del plan relacionados con la
todavía inexistente Política de
Información estarían el progreso del
conocimiento y el avance de la innovación y
desarrollo tecnológico; el desarrollo de
servicios públicos; la conservación del
Patrimonio Artístico e Histórico; el
fomento de la creación artística y el
progreso y difusión de la cultura; la mejora de
la calidad de la enseñanza; y la
adecuación de la sociedad española a los
cambios que conlleva el desarrollo científico y
la nuevas tecnologías.
De esta ley, surgieron diversos organismos encargados
de su aplicación, entre ellos la Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICyT)
10.
La Ley de la Ciencia y el Plan Nacional de I+D 11 lograron un mayor
seguimiento y presencia de la Ciencia y la
tecnología en la sociedad española y, en
modo indirecto, un desarrollo de aspectos relacionados
con la información. Su actividad
continuará con intereses y objetivos similares
en el II Plan Nacional.
La coyuntura social y económica motivó en
1993, la publicación del Libro Blanco de Delors
6, que inició
una auténtica política de
información europea. En este marco
institucional, España plenamente integrada en la
Unión Europea, comenzó desde 1995, a
participar en la política europea y, por tanto,
a implementar sus directrices en la respectiva
política española. Ello no significa que
se obvie la necesidad de una política de
información propia. En el propio hipersector de
la información se vislumbraron cambios con
incidencia directa en el planteamiento político
de la información en España. Todas las
circunstancias confluyeron en una política de
información española orientada
fundamentalmente hacia las tecnologías de la
información.
Ley General de Telecomunicaciones (LGT)
En 1998 se promulgó la Ley General de Telecomunicaciones 12, entre cuyos objetivos destacan: la necesidad de preservar la libre competencia y, con ella, el derecho de los ciudadanos a los servicios de información; la regulación, al tiempo, del servicio público, ofrecido por las empresas a las que se concede la explotación de las redes públicas de telecomunicaciones y al tiempo, del cobro de las tasas correspondientes; finalmente, la distribución del control de las telecomunicaciones entre distintos órganos de la Administración.
Comisión Interministerial de la Sociedad de la Información
En julio de 1999 nace el primer hito en la
definición de una política global de
información con la creación de la
Comisión Interministerial de la Sociedad de la
Información 13,
presidida por el Ministerio de Industria y con la
participación de miembros del resto de
ministerios españoles, a excepción del
Ministerio de Defensa.
El objetivo de esta comisión es elaborar una
iniciativa estratégica para incluir a
España en la Sociedad de la Información
coordinándose con las Comunidades
Autónomas. Será el germen del Plan Info
XXI.
Plan Info XXI
Ya en el 2001 el ex-presidente
del Gobierno (a fecha de hoy presidente en funciones),
José María Aznar, y la ex-ministra de
Ciencia y Tecnología, Anna Birulés
14, presentaban un
proyecto para impulsar las Tecnologías de la
Información y cuyas pretensiones no eran otras
que completar la liberalización del sector y
favorecer la competencia, potenciar la
Administración electrónica y el acceso de
todos a la Sociedad de la Información.
Nacía así el Plan Info XXI, un proyecto
de tres años de duración (2001-2003) y
con un presupuesto de 825.000 millones de pesetas. Un
plan cuyo origen se encontraba en el Proyecto e-Europe
15, aprobado por la
Unión Europea a mediados de 2000 en Lisboa, pero
que España no puso en marcha hasta el año
2001.
Las acciones que contemplaba estaban destinadas a los
ciudadanos -acceso y formación-, a las empresas
-servicios, comercio electrónico y seguridad- y
al conjunto de la sociedad -España en la Red a
través de los contenidos: las lenguas
españolas, el patrimonio histórico, el
turismo y la creación cultural-. Entre las
actuaciones incluidas, destacaba un conjunto de 21
proyectos que abarcan el DNI electrónico, el
portal único de la Administración, el
desarrollo de Internet en la enseñanza, la
puesta en marcha de la Red Iris 2 16 para la
investigación y la difusión de contenidos
digitales. Sin embargo, tantas propuestas no alcanzaron
el desarrollo esperado. En el año 2002 se
hacía un profundo análisis de la
situación, y la conclusión no se hizo
esperar: el Plan Info XXI no se aplicaba con la
celeridad necesaria. El propio presidente del Gobierno
confirmó que el Plan no iba bien, y asociaciones
como SEDISI (Asociación Española de
Empresas de Tecnologías de la
Información) 17, proponía ampliar la
capacidad de transmisión y velocidad de las
infraestructuras, poner precios asequibles y ajustados
a la demanda y montar vías alternativas de
acceso. Medidas sencillas y racionales que nada
tenían que ver con la espectacularidad que
había invertido el Gobierno y el poco desarrollo
real conseguido.
Entre los fracasos de Info XXI, destacaron, la renuncia públicamente en 2001, por parte del Gobierno, a su propio objetivo de "alfabetizar digitalmente", es decir, a enseñar Internet a un millón de españoles. En cuanto a las inversiones en la escuela prometidas, tan sólo se había invertido un 15% del presupuesto inicial; el comercio electrónico español seguía sin despegar, sobre todo en las pymes; el Portal del Ciudadano 18 , como producto estrella de la ciber-administración, había acaparado casi todo el presupuesto de Administraciones Públicas; España no formaba profesionales en tecnologías de la información; la difusión del castellano en la Red se había centrado únicamente en la renovación y ampliación de los contenidos del Instituto Cervantes; sólo existía un 25% de hogares online frente al 36% de los hogares europeos; y en cuanto a Sanidad y Consumo, los pocos proyectos puestos en marcha -la cita previa por Internet, o la digitalización de las recetas médicas- eran asumidos en su mayoría por las comunidades autonómicas.
Pese a estos resultados, el Gobierno podía presumir de que España era pionera en cuanto al pago de impuestos por Internet -Renta online-; la puesta en marcha de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico -LSSI-; el sistema de identificación informática del ganado; y el polémico Portal del Ciudadano como vía de comunicación entre españoles y administradores.
Internet para todos
Con tal panorama, el
Gobierno intentó relanzar el programa para
cumplir los resultados previstos. Y así, en mayo
de 2002, fue presentado "Internet para todos"
19 como una de las
acciones más ambiciosas para impulsar la
Sociedad de la Información en España. Se
trata de un programa, encuadrado dentro del Plan Info
XXI, de movilización social que incluye medidas
para asegurar el acceso de todos los ciudadanos y
empresas a la Sociedad de la Información
potenciando las redes de banda ancha y propiciando una
formación básica en nuevas
tecnologías.
Una vez más las críticas no se hicieron esperar. La Asociación de Internautas (AI) 20 censuraba "la superficialidad, falta de rigor y criterio" del Ministerio. Sus errores más graves eran que www.internetparatodos.es no era accesible para discapacitados ni para todas las personas que no utilizaban Microsoft, ya que los centros de formación debían disponer de una infraestructura con un servidor web Interntet Information Server 4.0, quedando fuera del programa todos los usuarios de Macintosh y Linux.
En cuanto a la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) 21, calificaba el programa de "loable y positivo pero carente del soporte económico suficiente para su desarrollo", pidiendo un "compromiso presupuestario" para llevarlo a efecto.
En definitiva, el Gobierno aprobaba en materias de banda ancha y ciber-administración, y suspendía en acceso a la Red, formación de los trabajadores e inversión en Investigación y Desarrollo.
Internet en las bibliotecas
La
finalidad de este programa era introducir plenamente la
Sociedad de la Información en el ámbito
de las bibliotecas públicas.
Ya el Plan de Acción eEurope, adoptado en junio de 2000, proponía que se desarrollase una red de puntos de acceso público a Internet ubicados en espacios públicos, utilizando para ello los fondos estructurales.
El Plan de Acción eEurope 2005, aprobado por el Consejo Europeo de Sevilla en junio de 2002, siguiendo las pautas del plan anterior, establece como actuación prioritaria el desarrollo de un programa de puntos de acceso público a Internet, usando preferentemente conexión de banda ancha.
Este objetivo que señala el Plan de
Acción eEurope 2005 es el que recoge y persigue
el programa "Internet en las Bibliotecas".
22
La amplia cobertura de la red de bibliotecas
municipales permitiría alcanzar una gran
extensión geográfica en la
distribución de los puntos de acceso.
Las actuaciones comprendidas en este programa serían: 23
- Acceso público a internet en todas las bibliotecas públicas.
- Desarrollo de aplicaciones informáticas y herramientas de gestión.
- Mejora de la coordinación bibliotecaria de ámbito nacional y potenciación de nuevos servicios, a través del Portal de las Biblioteca Públicas Españolas y mediante la formación del personal de las bibliotecas.
- Actividades de motivación para fomentar el uso de las bibliotecas por el ciudadano.
La empresa pública Red.es sería la
encargada de que dichas acciones se lleven a cabo y
según ésta las claves del éxito
serían: 
- Ser extremadamente respetuoso con las iniciativas ya existentes en cada Comunidad Autónoma.
- Actuar como un catalizador, que aprovechando las iniciativas y experiencia de las diferentes Comunidades y una visión general del entorno tecnológico, permitirá disponer de un catálogo de soluciones adaptado al entorno de las bibliotecas.
- Trazar de forma conjunta entre Red.es y cada Comunidad Autónoma un Plan de Acción reflejado en el Convenio descrito que impulse y enriquezca las iniciativas existentes.
- No se habla de un proceso puntual, sino que se enriquecerá a lo largo de toda la vida del programa trabajando estrechamente con la Comunidad Autónoma.
Nace España.es
Ante el fracaso que supuso el Plan Info XXI, el Gobierno aprobó el 11 de julio del 2003 España.es 24, "un conjunto de acciones y proyectos concretos que representarán un importante impulso para el desarrollo de la Sociedad de la Información en España".
El plan tendría una vigencia de dos años (2004-2005) con un coste inicial previsto de 1.029 millones de euros, de los que la Administración General del Estado aportará el 63%, las Comunidades Autónomas el 26% y el sector privado el 11%.
Nace siguiendo las
directrices estratégicas de la llamada
Comisión Soto 25, una comisión de
expertos creada por el Gobierno con el fin de analizar
la problemática que el desarrollo de la Sociedad
de la Información conlleva, tanto para el tejido
empresarial como para la sociedad en general.
Las conclusiones a las que llegaron eran que uno de los
principales problemas para el desarrollo de la Sociedad
de la Información en España es la falta
de interés y formación por parte de los
ciudadanos en acceder a estos servicios, falta de
interés que se debe en parte al desconocimiento
y en parte a la falta de atractivo de los servicios
ofertados. El Programa de Actuaciones presentado para
llegar a dicho fin se centra en un doble frente
simultáneo: por un lado, favorecer la demanda de
conexión de la población a las nuevas
tecnologías; y por otro, mejorar la oferta de
infraestructuras, contenidos y servicios que incentiven
dicha conexión. Estos dos frentes, unidos a la
necesidad de conectar a la pequeña y mediana
empresa (pyme) con las nuevas tecnologías, son
las tres grandes líneas rectoras de
España.es.
- Reforzar la oferta de contenidos y servicios que favorezcan la demanda.
- Mejorar la accesibilidad en sentido amplio, ofreciendo puntos de acceso público, y haciendo un esfuerzo en formación y comunicación de las ventajas de la Sociedad de la Información.
- "Conectar" a la pyme, aumentando su relación de negocio a través de Internet con el fin de que pueda acceder a servicios de la Sociedad de la Información, con las consiguientes mejoras en productividad y con ello crecimiento económico que ello supondría.
España.es incluye varios puntos clave sobre los que se basa: la Administración electrónica, la formación digital, la introducción de las tecnologías en las Pymes, acciones para que el ciudadano conozca las ventajas de las nuevas tecnologías, incentivación para que las empresas creen contenidos digitales y un plan de comunicación para informar a la sociedad de todas estas posibilidades.
Areas de actuación de España.es
Las seis áreas de acción que forman el Programa de Actuaciones como tal, están clasificadas en dos bloques bien diferenciados. Un primer bloque con tres áreas de carácter vertical dedicadas a fomentar la Administración electrónica, educación y pymes, que absorberán el 54% del presupuesto, con 553 millones de euros y otro bloque con tres de carácter horizontal que se dirigen a toda la población en general y se centran en accesibilidad y formación, contenidos y comunicación, con una inversión del 46% restante, 475 millones de euros. La mayor inversión se destina a educación con 241 millones de euros, seguida de accesibilidad y formación con 240 y contenidos digitales con 220 millones de euros.
-
administración.es: implantación e impulso de la Administración Electrónica en la Administración General.
El plan se estructura en cuatro ejes de actuación, el primero para facilitar el acceso público a los usuarios mediante el DNI electrónico, puntos de acceso a Internet gratuito en las oficinas de registro y atención al público; el segundo es para impulsar el desarrollo de servicios para los usuarios con servicios públicos básicos, cartas de servicios electrónicos o perfeccionamiento del portal del ciudadano, entre otros; el tercer punto fomenta el intercambio de información entre administraciones públicas y el cuarto trata de apoyar la reorganización interna de las administraciones públicas con el portal del empleado, reforma del Consejo Superior de Informática o el archivo de documentación electrónica.
-
educación.es: inversiones en tecnologías de la información en colegios e institutos públicos en tres grandes líneas: infraestructuras, equipos para docentes y contenidos.
Se centra en tres actuaciones, dotar de acceso inalámbrico y un proyector en las 53.000 aulas de los 6.000 centros públicos de secundaria y FP; dotar al docente de medios y formación necesarios equipando con un ordenador portátil a los 140.000 docentes de secundaria y formación profesional, y el desarrollo del portal educación.es.
-
pyme.es: integración en tecnologías de la información de la pequeña y mediana empresa española de aquellos sectores menos integrados en la Sociedad de la Información.
-
navega.es: integración en la Sociedad de la Información de los ciudadanos no conectados, en dos líneas de actuación: creación de 2.000 nuevos centros de acceso público a Internet con conexiones de banda ancha para los municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes, y acciones de formación canalizadas a través de una fundación.
-
contenidos.es: para dotar de contenidos de utilidad a la red tiene dos actuaciones: Patrimonio.es de digitalización, difusión y explotación de elementos del patrimonio histórico-artístico, que estará coordinado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en colaboración con instituciones culturales; y Seguridad.es para fomentar la confianza en la red con el DNI electrónico, firma electrónica o centro de alerta antivirus.
-
Comunicación.es: tiene como objetivo asegurar el éxito del plan mediante una adecuada comunicación al ciudadano con la creación de una marca para todas las actuaciones y una campaña general que englobe todo el plan y otras específicas.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología es el responsable global del plan con el apoyo técnico de la sociedad pública Red.es 26, y con la implicación de todos los ministerios.
Reacciones a España.es
La propuesta sigue despertando las simpatías de unos pocos y las antipatías de otros que no ven con buenos ojos el nuevo programa de “alfabetización tecnológica del Gobierno”.
Pocos días después de hacerse
público el plan, la AUI
manifestaba 27 su
disconformidad con las medidas que en él se
recogían y consideraba que "se ha
diseñado al margen de las iniciativas
autonómicas, sin tener en cuenta la realidad de
las personas no conectadas y contraviniendo las
principales recomendaciones de la Comisión de
Estudio para el desarrollo de la Sociedad de la
Información: falta de liderazgo, poco
presupuesto, sin herramientas de gestión y
puesto en marcha al margen de los agentes implicados en
el desarrollo de Internet en España".
Es decir, todos los estudios previos que realizó
la Comisión Soto para la elaboración de
España.es finalmente no han tenido una
concreción práctica.
La AUI critica al Gobierno por no recoger en
España.es las iniciativas desarrolladas en las
comunidades autónomas, ni haber consensuado
previamente con ellas sus actuaciones y más
cuando se les va a exigir que lo financien.
Desde la AI (Asociación de Internautas) consideran que repetía esquemas que hicieron fallar a su predecesor, el Plan Info XXI, y que "no ha tenido en cuenta la asequibilidad del acceso a Internet, dejando esta onerosa partida a cargo de los ciudadanos". La AI considera que el nuevo plan hace oídos sordos a las conclusiones de la “Comisión Soto”. La Asociación recuerda que estos trabajos terminaron con un tirón de orejas al Gobierno al pedirle un “golpe de timón” que corrigiera una “gestión deficiente” propiciada por un “limitado rigor en la concepción y ejecución de los planes”, según se afirmaba en el informe final. Desde esta Asociación se hecha de menos la principal recomendación de los expertos, establecer en su nuevo plan objetivos concretos y cuantificables que incentivaran su consecución y permitieran evaluar su cumplimiento. No se fija un número de internautas deseable para 2005 ni un volumen óptimo de líneas de alta velocidad para acceder a Internet.
En el lado opuesto, Asimelec (Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones) ha enjuiciado 28 “muy positivamente” el plan España.es, puesto que considera que, “por primera vez, se sientan unas bases sólidas para el impulso de la Sociedad de la Información en nuestro país”. Destaca la participación del sector privado y la Administración en su elaboración, y su presidente, Luis Pérez Bermejo, comentó que "hay que ser pragmáticos y aprovechar este buen camino para andarlo con éxito antes de ir más allá. Antes de correr, hay que aprender a andar y para ello España.es es la mejor de las soluciones posibles".
SEDISI
(Asociación Española de Empresas de
Tecnologías de la Información) se
mantiene en un punto intermedio, valora positivamente
la elaboración del Programa de Actuaciones del
Gobierno, pero encuentra algunas carencias. En sus
primeras reacciones al plan la asociación
destacó la importancia de alcanzar los objetivos
en tres de sus actuaciones: Administración.es,
Educación.es y Comunicación.es. Por una
parte, considera que el plan no establece un
barómetro adecuado que permita medir la actual
situación tecnológica de España en
relación con los países de la UE, con lo
que se puede convertir en un mero listado de acciones.
Además, no existe un plan específico para
incentivar el uso de la banda ancha en España,
con lo que el avance será más lento. Y
por otra parte, aunque España.es incluye un
Programa Estratégico y una Memoria
Económica, esta última no se publica; con
lo que es imposible realizar una evaluación de
su eficacia.
También critica "la ausencia de un plan
específico para incentivar el uso de la banda
ancha en España, sin lo cual la Sociedad de la
Información no podrá avanzar a la
velocidad necesaria". 29
Recientemente, el presidente de la comisión de expertos nombrada por el Gobierno para impulsar la Sociedad de la Información, Juan Soto, consideró algo prematuras las críticas vertidas por la patronal del sector SEDISI ante la ausencia de indicadores en el plan para medir la convergencia de España con los demás países de nuestro entorno y aseguró 30 que “todavía hay tiempo” para incluirlos. “Es cierto que no hay indicadores en España.es, pero evidentemente se van a incluir, hay tiempo para hacerlo”, admitió Soto. “No hay que preocuparse porque en la gestión empresarial del programa habrá indicadores”, añadió, aunque recordó que los indicadores de eEurope 2005 son “también idóneos para medir el progreso” en este ámbito.
Pero para el presidente de la Comisión no todo
son alabanzas y defensas del Plan, lamentó que
el Gobierno tampoco aceptara la propuesta de la
comisión de alcanzar un pacto nacional con
partidos políticos, sindicatos, patronales,
asociaciones de usuarios, y agentes vinculados con la
Sociedad de la Información.
“Todavía no ha tenido lugar el pacto
nacional”, aseguró, aunque no cerró
las puertas a que pueda producirse en el futuro.
Entre las críticas achacables al plan por su
parte expuso que “nosotros pedimos que la
universidad fuera una referencia para Internet, pero
desgraciadamente no se hizo mención a esto en
España.es”.
El ex-ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, reconoció que el "balance global" de la implantación de la Sociedad de la Información en España "no es satisfactorio" aunque también ha dicho que "hemos avanzado" pero "no estamos donde deberíamos estar". El ex-ministro achaca a "la barrera psicológica" como posible causa. 31
La AI
(Asociación de Internautas) llevó a cabo
una encuesta titulada “¿Qué opinas
del plan España.es?” 32 durante los meses de agosto
y septiembre del 2003. Su objetivo era conocer
cuál es la percepción que los usuarios
tienen ante el nuevo plan. El resultado ha sido que, de
las 3.025 respuestas, el 90% hace una valoración
negativa. Las razones esgrimidas por los ciudadanos son
sobre todo tres: se trata de una iniciativa que cae en
los mismos errores que Info XXI e Internet, es una
simple maniobra preelectoral y satisface los deseos de
negocio de unos pocos.
De todo el muestreo tan sólo el 1,22% afirma que
el plan es muy bueno, el 1,62% opina que cualquier cosa
que se haga será buena y el 4,13% considera que
es bueno siempre y cuando se cumplan las actuaciones
que en él se recogen.
El Gobierno aprobó en Diciembre del 2003 un desembolso de 16 millones de euros 33 para impulsar el plan España.es y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) entre la población española, y cambiar la actitud de la sociedad ante encuestas como la realizada por la Asociación de Internautas.
Intención del futuro gobierno socialista ante la Sociedad de la Información
Hay que empezar diciendo que muchos militantes del PSOE fueron los primeros sorprendidos por la victoria electoral de su partido en los últimos comicios, siguiendo datos objetivos publicados por diversas encuestas electorales.
Posiblemente sean estas escasas expectativas de éxito las que han condicionado la elaboración del programa electoral de forma que para la mayor parte de asuntos clave se plantean objetivos de máximos poco traducibles a una acción de gobierno en el corto plazo.
El programa electoral del PSOE 34 recoge multitud de
propuestas para conquistar la Sociedad de la
Información. Todas ellas dispersas a lo largo de
su programa electoral.
A continuación recogemos los puntos con los que
la reciente mayoría socialista pretende
conseguir el objetivo de la conquista de la Sociedad de
la Información, o, como se la denomina en el
programa del PSOE, de la Sociedad del Conocimiento:
-
Aprobar una Ley Audiovisual que regule el sector de forma integral y que garantice el pluralismo.
-
Aprobar un Plan Digital que complete el tránsito a los nuevos estándares desde las tecnologías analógicas.
-
Garantizar la neutralidad política y la imparcialidad de organismos de regulación y control como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
-
Incentivar el comportamiento innovador de los agentes económicos.
-
Reforzar la libertad económica, evitar favoritismos en el sector y promover la libre competencia.
-
Potenciar el desarrollo de la telecomunicaciones por cable.
-
Solucionar la financiación del Servicio Universal de las telecomunicaciones.
-
Crear el ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, e incorporar los aspectos industriales del I+D a otro departamento que atienda también al comercio y al turismo.
-
Redactar un plan de convergencia que nos permita alcanzar el nivel medio desarrollo de la Sociedad del Conocimiento de los países de nuestro entorno.
-
Y, por último, asegurar el acceso de los ciudadanos a la sociedad hiperconectada, independientemente de su procedencia social o territorial.
Estas expectativas chocan con un problema. El programa electoral socialista, que ellos mismos han redactado, propone la desaparición del ministerio de Ciencia y Tecnología creado por el Partido Popular.
Las competencias de este departamento se desgajarán en dos grandes bloques. La administración sobre los asuntos de la ciencia se incorporará al ministerio de Educación, junto a los componentes de desarrollo que van aparejados al diseño y puesta a punto de las nuevas tecnologías.
Los aspectos industriales del I+D y la vertiente económica de la gestión del acceso a la Sociedad del Conocimiento serían absorbidos por otro departamento ministerial que, junto a la responsabilidad sobre el comercio y el turismo, debería atender a los graves problemas que acechan al tejido industrial del país.
Esta dispersión de funciones rebaja sensiblemente el nivel de competencias políticas de los futuros responsables socialistas del sector.
Casi con seguridad, en el nuevo Gobierno que se formará en abril y no habrá un ministro para la ciencia y la tecnología, sino únicamente secretarios de estado y directores generales.
Conclusiones
Distintos indicadores demuestran que nuestro
país se encuentra a la cola de los países
más desarrollados, indicadores como el
número de usuarios de internet reflejan un
porcentaje en torno al 27,8% de la población
(según los datos del último Estudio
General de Medios 35
correspondiente a octubre-noviembre de 2003), cuando la
mayoría de países de nuestro entorno
supera el 50% o la utilización del comercio
electrónico, solo el 20% de las empresas
realizaron comercio electrónico (según
los datos del Informe DMR-Sedisi correspondiente al
año 2002).
Sin embargo, existen algunos datos positivos como el
número de conexiones de banda ancha, que superan
los dos millones o el número de ciudadanos con
móviles, muy cercano a la totalidad de la
población.
Lo que falta por hacer es básicamente conseguir que todos los ciudadanos puedan acceder a las ventajas que brinda la Sociedad de la Información y para ello es necesario dotarles de un método de acceso y, sobre todo, de contenidos o servicios que fomenten la necesidad de conectarse.
Para ello, es necesario que las Administraciones Públicas realicen las actuaciones pertinentes para conseguir dichos fines. Hasta ahora las acciones emprendidas, siempre bienintencionadas, han tenido escasa efectividad y las críticas globales han impedido apreciar los avances, aunque algunos indicadores, como hemos comentado, si han conocido una clara mejora.
Con todo, la intención tanto del anterior Gobierno como del futuro, parece clara: España debe continuar en la lucha por salir de los últimos puestos en la carrera por el desarrollo de la Sociedad de la Información y la convergencia con la Unión Europea.
Existe la intención, existe el plan para llevarla a cabo, esperemos todos que el cambio de Gobierno suponga un revulsivo y no volvamos a los errores de pasado.
Notas:
- Informe de Telefónica sobre la Sociedad de la Información.
- Michael W. Hill. Information policies: premonitions and prospects. Journal of Information Science, 21 (4), 1995, p. 279.
- Dosa, M. : A future perspective on Information Policy Research Needs .- En Congreso y conferencia de la Fid (45º, La Habana, 1990), p. 2
- Ros García, J. y López Yepes, J.: Políticas de Información y Documentación. - Madrid: Editorial Sítesis, 1994. p. 183
-
Cornella, A.:
Políticas de información en
España. 1997.-
- Disponible en http://www.europa.eu.int/en/record/white/c93700/contents.html
- Disponible en http://www.earn.net/EC/bangemann.html
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- Presentación del Programa "Internet en las Bibliotecas" en el que se marcan las lineas directrices.
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- Nota de prensa de la AUI valorando el plan España.es
- Nota de prensa de ASIMELEC valorando el plan España.es
- Nota de prensa de SEDISI valorando el plan España.es
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José Antonio Córdoba - jcordoba@baratz.es
Pedro Sanz Domingo - psanz@baratz.es